Ante la presencia de vuelos clandestino avistado y vinculados,
en su mayoría, con el narcotráfico,el Gobierno argentino del presidente Macri,
comenzó la tarea de incrementar los métodos de control del espacio aéreo argentino
en las zonas fronterizas de las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Formosa.Durante la administración kirchnerista las zonas que se indicaban como
vigiladas, estaban monitoreadas por tres radares los cuales funcionaban de
forma esporádica e intermitentemente de 3 a 4hs. Hoy la zona está vigilada por
seis radares, construidos por el INVAP, que operan las 24hs, a los que también
se sumarían dos radares móviles, que aún no están operativos.
A la lucha contra el narcotráfico, para el monitoreo aéreo
argentino, se sumarían drones y globos con cámaras para monitorear, aún, más minuciosamente
el espacio aéreo del norte argentino para interceptar vuelos clandestinos. Al
operativo antinarco también se agregaría un programa de observadores del aire,
locales, para detectar cualquiera aeronave sospechosa sobrevolando o aterrizando en campos o caminos rurales cercanos, las que podrán denunciar, con datos concretos, a cambio de una
remuneración monetaria abonada por el estado.
Los IA-58 Pucará operan desde las provincias de Chaco y
Santa Fe y los Embraer 312 Tucano desde Santiago del Estero para poder cubrir
el espacio aéreo del norte argentino. Además está previsto incorporar entrenadores
Beechcraft T-6 Texan II, operando desde Córdoba, una vez que se hayan adquiridos
a los EE.UU.
Ante cualquier alerta, que pueda surgir, los pilotos
argentinos, duermen con los trajes de vuelo puestos para salir rápidamente a
interceptar cualquier aeronave intrusa.
La interceptación del Tránsito Aéreo Irregular (TAI) es
abordado usando el protocolo de la ley de derribo.
La llamada ley de derribo fue aprobada por un decreto del presidente Mauricio Macri en el que declaró la emergencia en seguridad por un año.
El decreto incluye la aprobación de Reglas de Protección
Aeroespacial que habilita a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir,
intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a aquellas naves que
ingresen en el espacio aéreo argentino que tengan entidad suficiente para
"perturbar, poner en riesgo o causar un daño" en el territorio
nacional.
A comienzos de 2016 se aplicó por primera vez lo que definió
como el "protocolo de protección del espacio aéreo", más conocido
como ley de derribo, ante la presencia ilegal de una aeronave en Corrientes. El
resultado fue "positivo, sin incidentes", y la aeronave intrusa fue
acompañada por un IA-58 Pucará hasta la frontera con Paraguay.
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